La presidenta de ASPRONA, Amalia Serna, ha participado en las III Jornadas sobre Formación Jurídica en Discapacidad organizadas por la Diputación Provincial de Albacete, el Colegio de la Abogacía de Albacete, el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y la Fundación Aequitas.

Esta edición se ha centrado en las reflexiones tras un año de la aplicación de la Ley 8/2021, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Amalia Serna ha participado en la primera mesa de debate en la que se ha tratado la ‘Aplicación en el ámbito judicial’ junto con Carmen Mansilla, fiscal de la Fiscalía provincial de Albacete especialista en menores y discapacidad y Pedro Ramón Ortiz Vico, presidente de la Fundación Familia.

Esta reforma implica un avance muy “importante y ambicioso”, y según ha manifestado la presidenta “está claro que es el inicio de un camino serpenteante, pero en el que contamos todos. Cada persona es la que importa”.

El ambicioso objetivo de la reforma es la voluntad transformadora de la mentalidad social. El reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad mediante su propio empoderamiento. Este logro precisa de los apoyos de la sociedad: el apoyo de sus familias, de las personas llamadas a prestarles los apoyos y el acompañamiento de su entorno social y comunitario.

Según Amalia Serna, estamos de enhorabuena porque con la promulgación de esta ley surge un respaldo normativo que avala la existencia y reconocimiento de derechos, dando protagonismo a la persona, sin embargo, en su aplicación práctica surgen muchas lagunas, muchas inquietudes que solo con el consenso de todos los operadores jurídicos y sociales, con el esfuerzo de aunar criterios tanto en fiscalía como en la judicatura, como entre los propios profesionales del derecho, permitirá que esta ley no quede en mero papel mojado.

El aporte más relevante de la ley

Esta reforma supone un paso de gigante en el cambio de paradigma de la noción de discapacidad y en el concepto de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Desaparece el procedimiento de incapacitación, lo que supone pasar de decidir por ellas a poner el foco en los apoyos que son necesarios para que la persona con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones.

Quedan sin efecto las restricciones privativas de derechos de las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque implica que todas las personas con diversidad funcional podrán hacer testamento, por ejemplo, así como otorgar documentos notariales que regulen medidas de apoyo voluntarias haciendo constar su voluntad, preferencias y deseos.

La clave para que realmente las personas puedan ejercer sus derechos a decidir, añadió la presidenta, es el establecimiento de un sistema de salvaguardas adecuado a la persona, la accesibilidad, el derecho a utilizar sistemas alternativos de comunicación. Se reconoce expresamente la figura del facilitador que traslade la voluntad de la persona.

La Accesibilidad Cognitiva como parte fundamental de la accesibilidad universal. Es la capacidad que tiene las cosas, espacios y textos que hacen que sean entendibles por todas las personas.

El cambio normativo se centra en la persona, se ha de conocer a la persona concreta para en su caso determinar la necesidad de medidas de apoyo. Estas medidas han de ser proporcionales a las necesidades propias de la persona, con respeto a su dignidad y proyecto vital.

Retos y desafíos más importantes que plantea la ley

Esta ley obliga a los operadores y agentes jurídicos y sociales a la formación en materia de medidas de apoyo a las personas con diversidad funcional. Esto implica que los profesionales deban de estar formados e informados lo que deriva en eficiencia y en calidad, en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y sus familias.

Esta ley supone un cambio de mentalidad para mucha gente no sólo del ámbito judicial:  familias, entidades, instituciones, sociedad civil tiene que pasar del modelo de protección al de reconocimiento de derechos.

El papel que tienen las entidades sociales

Asociaciones, fundaciones, federaciones, etc., cobran vital importancia porque se han convertido en prestadoras de apoyo reconocido.

Su labor pasa a tener mucha relevancia en el procedimiento de adopción de medidas de apoyo, a través de informes sociosanitarios que concreten la situación de la persona.

Es recomendable recurrir a ellas, en caso de duda o ante cualquier cuestión relativa a esta materia a fin de ser orientados.